Esto va en contra de los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana los cuales señalan que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales y bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes.

La militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando, sin embargo, esto no se ha traducido en una reducción de la criminalidad. Esto representa un retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos. La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa elimina la posibilidad de un retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles.

Para IUSY es inaceptable este enfoque militarizado de la seguridad pública el cual ha tenido consecuencias desastrosas para los derechos humanos. Más de 100,000 personas se encuentran desaparecidas en México, mientras que el ejército y la marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos en un clima de total impunidad.

La amenaza más grande para la democracia es la militarización de la seguridad pública. Es una condena para vivir en una guerra que se va a recrudecer y el rechazo inminente a la construcción de la paz.

La Militarización nunca será la solución.